Quebec quiere proscribir los signos religiosos en el sector público

Aceprensa
29.08.2013
El gobierno de la provincia canadiense de Quebec quiere prohibir el uso de signos religiosos en las instituciones públicas, así como en las guarderías, las escuelas y hospitales. Esta decisión se incluirá en la “Carta de valores de Quebec” que se presentará al Parlamento el próximo otoño, pero que la prensa ya ha adelantado.

Los empleados públicos no podrán llevar el hiyab islámico, el burka, la kippa judía, el turbante sikh ni la cruz cristiana –si es visible– en los ministerios, sociedades estatales, cuerpos de policía y tribunales, ni tampoco en las guarderías, escuelas públicas y hospitales. La prohibición afectará a los empleados, pero no a los usuarios ni a los alumnos en las escuelas.

La primera ministra Pauline Marois, del Partido Quebequés, afirma que la Carta propuesta servirá para unir a los habitantes de Quebec en torno a unos valores comunes, pero por el momento lo que ha provocado es polémica.

Algunos apuntan el riesgo de que la prohibición de llevar signos religiosos por los empleados públicos suponga sobre todo excluir a mujeres del mercado de trabajo
Excluidos del sector público
La búsqueda de un modelo de laicidad que se acomode a las diferencias culturales y religiosas de una población cada vez más diversa arranca de años atrás. Un informe encargado a dos expertos, el filósofo Charles Taylor y el sociólogo Gérard Bouchard, propuso en 2008 una serie de recomendaciones para hacer los “acomodamientos razonables” a fin de conciliar las normas generales y las convicciones religiosas o culturales.

En lo que se refiere al uso de signos religiosos por quienes encarnan la autoridad del Estado, el informe recomendaba que se prohibiera en el caso de magistrados y fiscales, policías, funcionarios de prisiones y presidente y vicepresidentes de la Asamblea Nacional. En cambio, no veían inconveniente en que los utilizaran los funcionarios, profesores, personal sanitario y demás empleados públicos. En cuanto a los símbolos religiosos en los establecimientos públicos, los consideraban compatibles con la laicidad “cuando se trata de un recuerdo histórico más que de un signo de identificación religiosa por parte de una institución pública”.

En comparación, la propuesta actual del gobierno es mucho más radical, y no ha sentado bien a muchos. Charles Taylor la ha considerado “un error capital”. A su juicio, transmite la idea de que “los que tienen ciertas convicciones no pueden postular un empleo en el sector público”. Si bien le parece razonable exigir que una profesora dé su clase con el rostro descubierto –algo en los que todos están de acuerdo–, considera rechazable que a una mujer que lleve el hiyab se le impida acceder a un empleo en la función pública.

No está claro que el gobierno vaya a contar con el apoyo suficiente para sacar adelante esta legislación
Hostil, más que neutral
Los partidos de la oposición han criticado las medidas propuestas por el gobierno. El jefe del partido liberal, Philippe Coullard, partidario de una “laicidad abierta”, estima que el Estado no tiene que imponer la neutralidad con prohibiciones y restricciones, que a su juicio no respetan los derechos y libertades reconocidos en la legislación.

Otros políticos han subrayando el riesgo de que la prohibición de llevar signos religiosos por los empleados públicos suponga sobre todo excluir a mujeres del mercado de trabajo.

La justificación del gobierno es que se trata de promover la neutralidad religiosa del Estado. Pero otros ven más bien una hostilidad contra la religión. El presidente de la Conferencia Episcopal católica, Mons. Pierre-André Fournier, advierte que “no puede haber un ateísmo oficial, como tampoco una religión oficial. El ateísmo oficial se convierte en otra religión bajo una forma que no respeta nuestra historia ni nuestro patrimonio. (…) El Estado debe proteger la libertad religiosa, no restringirla”.

Más allá de los problemas de vestimenta o de signos, lo que se advierte es el deseo de marginar la religión en el ámbito público. Margaret Somerville, jurista y experta en bioética, hace una distinción en un artículo publicado en Ottawa Citizen: “Canadá es una sociedad democrática y laica; respeta la libertad de religión y a los creyentes. En cambio, los laicistas de Quebec quieren que la provincia esté basada en un estricto laicismo, que no es neutral respecto a la religión. Es una creencia y una ideología, a modo de religión, cuyo principal imperativo es la exclusión activa de la religión, de los creyentes y de los puntos de vista religiosos de cualquier posible aportación, influencia o papel en la vida pública”.

No es un secreto para nadie que el Partido Quebequés no es indiferente sino que tiene una visión negativa de la religión. Este partido nacionalista de centro-izquierda gobierna en minoría, y no está claro que vaya a contar con el apoyo suficiente para sacar adelante esta legislación.

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