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22.01.2014
Tramita una reforma para reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los facultativos
El Gobierno noruego inició este martes la tramitación de una reforma para reconocer el derecho de los médicos de cabecera a alegar motivos de conciencia y negarse a derivar a las solicitantes de aborto a una clínica en determinados casos, proyecto que ya ha sido duramente criticado.
Para que las autoridades sanitarias locales le permitan al médico acogerse a ese derecho por motivos de conciencia, el facultativo deberá garantizar a sus pacientes que serán atendidas por otro colega dispuesto a derivarlas a una clínica.
El objetivo es elaborar una lista accesible para los pacientes en la que figuren los médicos de cabecera que harán uso de ese derecho, permitiendo al paciente poder cambiar de doctor.
El ministro de Sanidad, el conservador Bent Høie, apeló este martes a la necesidad de poner orden a una situación “poco clara”, ya que aunque en la actualidad no se reconoce ese derecho, hay municipios donde a algunos médicos se les permite ejercerlo en la práctica.
Duras críticas
“Ningún médico de cabecera podrá negarse si no hay una buena alternativa disponible para el paciente”, dijo Høie, aunque sus palabras no han convencido a los opositores. El portavoz en temas sanitarios del Partido Laborista, Torgeir Micaelsen, acusó a Høie de “seguir tomando partido por los médicos antes que por los pacientes al hacer legal algo ilegal”.
Las críticas apuntan también a las zonas grises de la reforma, como por ejemplo qué ocurrirá en las pequeñas poblaciones donde solo hay un médico de cabecera, y a la carga que puede suponer para mujeres que de antemano están en una situación de estrés.
La legislación noruega establece el aborto libre durante las doce primeras semanas del embarazo y lo permite sólo bajo ciertos supuestos durante el período posterior hasta la semana 22, a partir de la cual está prohibido, informó Efe.
Según un sondeo difundido este martes por el diario “Aftenposten”, el 67% de los noruegos se opone a la reforma frente a un 25%, una negativa que aumentaría al 73% si se tratara de reconocer un hipotético derecho a reservarse contra la implantación de anticonceptivos como el DIU.
El proyecto es fruto del acuerdo firmado entre el gobierno y el Partido Cristianodemócrata tras los comicios de hace cuatro meses, lo que le asegura una mayoría sólida, aunque se prevé una dura discusión parlamentaria cuando sea votado, el próximo otoño.
