(Ref es.aleteia.org)
El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos autorizó al médico Leandro Rodríguez Lastra a ejercer la medicina en su provincia hasta el año 2025. A fin del año pasado la justicia de ese distrito le había notificado el impedimento, por motivos relacionados a la condena que recayó sobre el galeno por no realizar un aborto en un embarazo avanzado en la provincia de Río Negro en 2018. El Gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet había dado un plazo de 10 días para que el Ministerio resuelva la situación y el médico pueda ejercer en Gualeguaychú en el ámbito privado.
La condena que recibió en mayo de 2019 aún no está firme, pero de igual manera, en ella se le impide el ejercicio de cargos públicos, no el desempeño privado de la medicina. No obstante, colectivos feministas manifestaron su repudio contra la decisión ministerial y la autorización para que el ginecólogo ejerza en Entre Ríos.
Salvó dos vidas
A Rodríguez Lastra se lo enjuició por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber, según acusó la fiscalía en su momento, detenido un supuesto aborto no punible en curso. En ese momento, sin ley de aborto, regía para la provincia de Río Negro un protocolo que habilitaba el aborto en caso de violación, aunque sin mayores precisiones de cómo resolver la cuestión en casos avanzados.
Según aseguró Rodríguez Lastra e incluso otros profesionales del hospital se obró con pericia evitando el mayor daño a la madre, y también al niño por nacer, ya que al momento de apersonarse en el hospital presentaba un cuadro de hemorragias y un embarazo con 22 semanas y 4 días, el equivalente a más de cinco meses de gestación. Finalmente, el embarazo continuó, en acuerdo con la madre, hasta la semana 35, fue interrumpido con una cesárea, y el niño fue dado en adopción, circunstancia que contó con el aval de autoridades judiciales. Pero según una denuncia posterior, tocaba al galeno concretar el aborto.
Rodríguez Lastra no era objetor de conciencia hasta este caso. Suscribió el pedido de eximición de hacer abortos luego. Lo mismo que prácticamente todos los profesionales de los servicios de obstetricia y ginecología del Hospital de Cipolletti.
Sigue la persecución
Pese a que por el momento Rodríguez Lastra está autorizado a ejercer su profesión, grupos feministas lo acusan de “antiderechos” y piden que no pueda ejercer la medicina en ningún lugar de la Argentina. Según denuncia un colectivo, “la corporación médica tiene que dejar de interponer sus creencias para negarnos derechos adquiridos”.
La Ley del aborto sancionada a finales de 2020, en lo explícito, contempla la objeción de conciencia individual pero solo puede ser ejercida por el profesional de la salud que interviene “de manera directa” en el aborto, y lo obliga a derivar la paciente. Además, como analiza en profundidad el Dr. Nicolas Lafferiere en su comentario a la Ley publicado en formato de libro por el Centro de Bioética, la redacción presiona a objetores y a no objetores al afectar “la libertad de actuación profesional, restringida la posibilidad de ofrecer las consideraciones de corte técnico-médico que necesariamente están implicadas en la relación médico-paciente”.
Ya hubo anuncios públicos de parte de referentes del aborto que amenazaron con publicar nombres de objetores de conciencia pidiendo su repudio, considerándolos negadores de derechos. Y se publicaron además búsquedas laborales dirigidas a profesionales no objetores, excluyendo de carrera profesional en hospitales públicos a médicos objetores.
Los profesionales de la salud que se niegan por el motivo que fuese a realizar abortos, incluso por criterio profesional, pueden ser acosados y en algunos casos perseguidos. A Rodríguez Lastra le tocó ser caso testigo. Y hasta su habilitación en Entre Ríos, no había habido señales políticas claras de comprender la gravedad del cercenamiento a la libertad que los médicos han comenzado a padecer en la Argentina.
