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30.05.2014
Políticos y organizaciones pro abortistas se están movilizando en Cataluña para tratar de dinamitar la ley del aborto propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Con ese objetivo, 34 sociedades científicas y la mayoría de los grupos parlamentarios han puesto en marcha un frente catalán contra ese proyecto de ley.
En ese sentido, una ponencia conjunta de casi todos los grupos intenta encontrar resquicios legales para que no cambie la actual norma sobre el aborto; y, en el caso de que se apruebe, para que no se vuelva a la situación de los años ochenta, con la despenalización de los tres supuestos (malformación del feto, peligro para la salud de la madre y violación).
De hecho, el Parlamento catalán ya se pronunció hace un año en defensa de la actual ley de salud reproductiva, que establece la decisión libre sobre la maternidad antes de la semana 14 de embarazo.
También afirmaban entonces que la revisión de la ley “podría comportar un retroceso en la libertad de decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”. Solo el PP rechazó la propuesta, mientras que Unió se abstuvo, según informaba La Vanguardia este miércoles, 28 de mayo.
Objeción, ¿sí o no?
“Estamos buscando resquicios legales en varias direcciones, entre ellas, estudiar si es posible que los profesionales se acojan a la objeción de conciencia inversa”, explicaba la ex consejera de Salut y diputada del PSC Marina Geli, que considera que se puede hacer algo desde un parlamento autonómico para no aplicar esa ley.
“En Catalunya se utiliza cada vez más la interrupción farmacológica, que se realiza en la asistencia primaria y antes de la séptima semana de embarazo. Si la reforma de Gallardón se convirtiera en ley, podría ser considerada como una norma que obliga a los médicos a no prescribir este medicamento y, por lo tanto, a la omisión de una práctica clínica, cuya consecuencia sería el empeoramiento de la salud de la mujer”, añadía.
Curiosamente, los mismos que con la actual ley denunciaban los intentos de objeción de conciencia de los profesionales de la medicina alegaban para no practicar abortos, ahora argumentan la objeción como una de las armas para combatir la ley Gallardón.
Al mismo tiempo, las 34 sociedades han suscrito un manifiesto en la Academia de Ciencias Sociales Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares. En el texto de considera que “la implementación de la nueva ley supondría un incremento de las desigualdades sociales y de atención en salud”.
En los casos de “malformaciones o enfermedades graves incompatibles con la vida, según la nueva ley, sólo se podrían acoger a la interrupción voluntaria del embarazo el 0,09% de las malformaciones”, añade.
La ponencia conjunta del Parlament se plantea también apelar a los organismos europeos, así como hacer valer la inscripción expresa en el Estatut del derecho a que “la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual”.
También la asociación Salut i Progrés ha elaborado un manifiesto en el mismo sentido, haciendo hincapié en los múltiples obstáculos que pone el proyecto de ley -desde los dos médicos de otro centro diferente al de la paciente que lo dictaminen al consejo no médico que deberá recibir la mujer para reflexionar- que impiden que los casos despenalizados puedan realmente ser atendidos.
Otros organismos internacionales como Médicos del Mundo y Amnistía Internacional han emprendido su propia campaña para que se retire la ley: “Las Naciones Unidas y el Consejo de Europa han recordado que las leyes restrictivas no reducen su número, sino que incrementan los ilegales e inseguros”, dicen.
