Médicos y colectivos provida canadienses cuentan a Actuall sus motivos para rechazar el proyecto de ley que se acaba de abrir camino en el Parlamento de Canadá y que amenaza de nuevo a los más vulnerables de la sociedad.
El primer ministro canadiense, el liberal Justin Trudeau, presentó este jueves elproyecto de ley C-21 de asistencia médica a la muerte (suicidio asistido o eutanasia) aprobado por su Gobierno y remitido el mismo día a la Cámara de Diputados, donde pretende sacarla adelante sin problemas gracias a la mayoría que ostenta.
El Ejecutivo justifica este proyecto como “la opción para los adultos que padecen sufrimientos intolerables, para quienes la muerte es razonablemente previsible”. Para evitar eliminar las perspectivas de “turismo suicida” el texto dice que sólo se aplicará a los canadienses y residentes, con lo que un extranjero no podría viajar al país para este fin.
Hasta aquí el disfraz que oculta la verdadera imposición de “una ley perversa que atenta contra el primer derecho humano, la vida y el sentido mismo de la profesión médica”, como exponen los colectivos provida canadienses consultados por Actuall, como la Coalición para la Prevención de la Eutanasia (EPC), Life Canada-Vie Canada o la Organización Católica para la Vida y la Familia.
A continuación se muestra en diez puntos los motivos de los grupos provida por los que consideran perverso este proyecto:
1. Ausencia de debate serio: La propia ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, trata de justificarlo señalando que el Ejecutivo “trabajó con presión a contrarreloj” para cumplir con el plazo dado por el Tribunal Supremo de Canadá para la aprobación de la ley.
2. Exceso del poder judicial: La Corte Suprema, arrogándose el papel legislativo frente al suyo judicial, sentenció el 7 de febrero de 2015 contra las leyes que prohíben el suicidio asistido, instando al Parlamento a aprobar una nueva ley permisiva a esta práctica con fecha tope el próximo 6 de junio, dejando hasta entonces su fallo en suspenso.
3. Abierto al fraude de ley. El proyecto indica que la eutanasia o el suicidio asistido debe ser realizado por dos médicos o profesionales de enfermería, sin que sea necesario antes la supervisión de al menos un tercero independiente. Igualmente, permite que los dos sanitarios que lo aprueben sean también quienes apliquen la eutanasia. “Una vez que el paciente haya muerto, será demasiado tarde para descubrir que la persona era incompetente o estaba coaccionado”, expone Alex Schadenberg, director ejecutivo de la Coalición para la Prevención de la Eutanasia.
4. Impunidad y ausencia de una supervisión efectiva del cumplimiento legal. Al mismo tiempo, el proyecto de ley es sumamente impreciso al tratar de definir quiénes carecerán de responsabilidad penal por este acto, acogiendo también a las “otras personas” que participen directamente, con lo que acaba brindando inmunidad legal a familiares, amigos o cualquier otro involucrado, “proporcionando la cobertura perfecta para actos de asesinato”, añade Schadenberg.
5. Atenta contra la objeción de conciencia sanitaria: médicos y enfermeros se encontrarán bajo presión para responder positivamente estas solicitudes. El proyecto de ley no considera el suicidio asistido como contrario al ser de la praxis médica por lo que tampoco se considera necesario proteger el derecho a la objeción de la conciencia.
El proyecto obliga a los médicos que se opongan a practicar la eutanasia a remitir los pacientes a otro que sí quiera hacerlo
Preocupa igualmente que los médicos que moralmente se opongan deberán remitir los pacientes a un tercero dispuesto a realizarlo: “Tal complicidad forzada es una violación de los derechos de la conciencia y de la libertad de religión, ambos garantizados por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades”, expone el Dr. Ewan Goligher, especialista en Cuidados Intensivos de Toronto.
6. No favorece la seguridad del paciente. “Este proyecto de ley no es un modelo de reducción de daños, ni proporciona espacios seguros para las personas que se oponen particularmente a morir por inyección letal”, denuncian desde la Organización Católica para la Vida y la Familia.
7. Subjetividad frente a criterio médico. Desde Médicos Canadienses por la Vida se subraya la notable deficiencia del texto al referirse solamente a “que la muerte sea previsible”, un término que queda sin concretar en el proyecto de ley y con ello abierto a la subjetividad.
Los médicos que se oponen a esta ley afirman que hablar de “muerte asistida médicamente es un falso eufemismo. Ayudar a morir es ayudar a morir mejor, no antes”. Además, añaden que “estos pacientes lo que realmente quieren no es morir, sino dejar de sufrir; es en los cuidados paliativos donde se debe poner el acento”.
8. El concepto de “elección” no tiene sentido, en la medida en que los cuidados paliativos de calidad no están fácilmente disponibles para los canadienses. “Con cuidados paliativos no habría demanda. Lo mismo que no se puede someter a un enfermo terminal a un ensañamiento terapéutico, no podemos ver como solución el provocar o adelantar su muerte, sino procurarle los mejores cuidados paliativos y asistencia humana, disponer de mejores unidades del dolor que le alivien en su situación y le permitan afrontar en las mejores condiciones posibles el final natural de la vida”, exponen los médicos provida.
Las encuestas dicen que los cuidados paliativos reciben un apoyo mucho mayor entre los canadienses que la “muerte médicamente asistida”
9. No responde a una demanda social: Por el contrario como demuestra la encuesta realizada por Public Square para Life Canada-VieCanada, los cuidados paliativos arrojan un abrumador apoyo ciudadano frente a la “muerte médicamente asistida”.
De hecho, una mayoría aboga por su restricción. Como muestra la citada encuesta, la mitad de los canadienses apuestan por una ley que limite la muerte asistida “a irremediablescircunstancias, y sometiéndolo a un control estricto”. Solo un 31 por ciento aboga por una ley que permita a un médico o enfermera administrar al paciente una sustancia letal “a un paciente grave, en circunstancias irremediables y con límites estrictos”, reduciéndose a un 9% quienes abogan por permitirles poner fin a la vida del paciente que lo requiera.
Tampoco existe consenso sobre el tipo de paciente que podría acogerse a ello, y en todo caso ninguna respuesta supera el 50%. En cambio, la mitad de la población otorga mayor importancia a la protección de los más vulnerables, que al acceso a la muerte asistida.
10. Desde España, la plataforma Vida digna, iniciativa de Profesionales por la Ética, recuerda además que la Sociedad Canadiense de Cuidados Paliativos Psíquicos declaró que la mayor parte de sus miembros se oponía a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, apostando por la calidad de vida de los pacientes y su cuidado integral.
Como afirma a Actuall su responsable de Comunicación, Teresa García-Noblejas: “Estamos ante una ley que, en teoría, atenderá el deseo de adultos libres y responsables. Pero en la práctica, obliga al sistema sanitario público a favorecer la muerte de los pacientes más vulnerables en lugar de ayudarles a mantener unas condiciones de vida digna, paliándoles el dolor y apoyando a familias y cuidadores”.
“Otro efecto perverso es que, al estar legalizado, el suicidio se convierte en una opción más para los que sufren. E incluso es una obligación si la presión social, familiar o económica aumenta. Por último, es evidente que, como ya ha ocurrido en Bélgica y en Países Bajos, la pendiente resbaladiza es una realidad: la ley empieza siendo moderada (solo afectará a casos extremos) para acabar aplicándose a multitud de casos, con un denominador común: los más vulnerables de la sociedad”, concluye García Noblejas.
