Una iniciativa popular busca un millón de firmas para que la UE no financie la destrucción de embriones
J. V. Echagüe. Madrid.
En 1997, el neurobiólogo alemán Oliver Brüstle, de la Universidad de Bonn, patentó un método para «fabricar» neuronas a partir de células madre embrionarios. La organización Greenpeace demandó la patente hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. El 18 de octubre de 2011 se obtuvo una respuesta: el tribunal prohibía todas aquellas patentes científicas que requirieran la destrucción previa de embriones humanos por violar «la protección debida a la dignidad humana». Y es que Estrasburgo consideraba que el embrión humano era todo óvulo humano a partir de la fecundación. Ahora bien: si no se puede comercializar un método que implique la destrucción de embriones, ¿no debería también ponerse coto a la investigación?
Así nació la iniciativa «One of us» («Uno de nosotros»), formado por un Comité de Ciudadanos en siete países –España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Hungría y Polonia– que registró el pasado 11 de mayo una Iniciativa Ciudadana Europea –el equivalente a una iniciativa legislativa popular en España– con la finalidad de obtener un millón de firmas en todo el continente. Eso sí, cada país deberá recoge un número de firmas acorde con su número de eurodiputados. Por ello, en España deberán recogerse como mínimo 40.500 firmas.
Hoy presentan la iniciativa en la Oficina del Parlamento Europeo en España. En nuestro país, el proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación RedMadre, el Foro Español de la Familia, Fundación Más Familia y HazteOír, entre otras asociaciones. Las adhesiones pueden realizarse a través de la web www.oneofus.eu/es. Además, próximamente se celebrarán actos para recoger firmas en todas las provincias españolas.
«La iniciativa nació para dar respuesta a un déficit que existe en Europa: la defensa de la vida desde el inicio de la propia vida», explica María Crespo, portavoz de «One of us» en España. Así, Crespo subraya que la iniciativa se ciñe a las «competencias exclusivas de la Unión Europea», por lo que cuestiones sobre el aborto quedan al margen «al ser cada Estado competente en su regulación específica».
Por ello, la iniciativa se ciñe a la investigación. Lo que exigirá la plataforma es que «ningún proyecto de presupuesto sea aprobado para la financiación de actividades que destruyan embriones humanos»; del mismo modo, que no se financien «las actividades de investigación dirigidas a la clonación humana», las actividades dirigidas «a una modificación de la herencia genética de los seres humanos» y las investigaciones que conlleven la «creación de embriones humanos exclusivamente para la obtención de células madre»; por último, se pedirá a la UE que no se financien los proyectos de cooperación al desarrollo para financiar «el aborto, directa o indirectamente o a través de la financiación de organizaciones que practican o promuevan el aborto».
«Existen cuestiones éticas sin resolver en lo que respecta a la manipulación de embriones. Por ello, se precisan de soluciones efectivas», asegura Crespo.
Con todo, algunos de los responsables de la iniciativa en otros países europeos subrayan que estas medidas podrían incidir en el aborto. «Si se refuerza el estatus del embrión humano como el comienzo de la vida humana y se prohíbe la financiación de la investigación destructiva provocaría que la humanidad del embrión en desarrollo y la humanidad del feto sean tenidas en mayor consideración. Y esto, inevitablemente esto, pone mayor atención sobre la realidad del aborto», explica Josephine Quintavalle, miembro de la ProLife Alliance and Core del Reino Unido y promotora de la iniciativa en su país. Quintavalle recuerda que en el Reino Unido, en apenas 20 años, se han destruido 1,7 millones de embriones «sobrantes de la reproducción asistida».
«Es una iniciativa seria e importante. Lo que está ocurriendo es que muchos legisladores, y el propio Parlamento Europeo, actúan como si la ”sentencia Brüstle” no hubiera existido», opina José Miguel Serrano, miembro del Comité de Bioética de España y firmante de la propuesta. Pero, ¿cuál es la situación en nuestro país? Serrano cree que «urge una reforma legislativa», sobre todo porque «el Gobierno anterior impuso de forma unilateral una legislación muy radical». Como sucede en gran parte del entorno Europeo, en España se distingue entre «preembrión», entre la fecundación y los 14 días, y el embrión, a partir de los 14 días», para permitir la experimentación y, en algunos casos la destrucción. «Se trata de una diferenciación nada científica, y sólo con un fin utilitario», asegura.
