.La objeción de conciencia es un derecho humano que se ejerce cuando el contenido o los deberes que impone una norma legal se oponen a las normas éticas o convicciones morales de una persona. La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque –a veces dramático- entre la norma legal que impone un “hacer” y la norma ética o moral que se opone a esa actuación.
Cuando una persona, por razones éticas, religiosas o ideológicas, se decanta por el “no” a la ley, lo hace por considerarlo un deber de conciencia (un mecanismo axiológico), diverso del planteamiento puramente psicológico del delincuente común, que viola la norma por intereses inconfesables. Las convicciones que apoyan esa objeción deben asentarse en “un sistema de pensamiento suficientemente orgánico y sincero”, como establece la jurisprudencia de la Corte europea de Derechos humanos de Estrasburgo. No es, pues una anomalía en el marco de las democracias y, aunque no tenga una regulación específica en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, se considera como una derivación del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa (artículo 16, 1 CE). Así lo ha reconocido, de modo expreso, el Tribunal Constitucional –además de a los objetores contra el servicio militar- a los médicos y demás personal sanitario en relación con el aborto.
Respecto a los farmacéuticos, el reconocimiento de este derecho no había sido necesario, en buena parte, porque hasta hace poco no se planteaba la posibilidad de que ellos cooperasen en el aborto o en otras prácticas éticamente comparables. La situación cambia con la PDD , que, en muchos de los casos, actúa como abortiva; lo que obliga a este colectivo a luchar para su reconocimiento, al igual que en su día hicieron los médicos.
El ámbito de la objeción de conciencia se extiende más allá del ámbito sanitario (la pena de muerte, la tortura y otras prácticas inhumanas o denigrantes, la lucha por la paz, la eutanasia, la defensa de la familia, la libertad de enseñanza, etc.), donde se puedan dar dictar normas o impulsar desde el poder actuaciones que vayan contra la libertad de conciencia.
