El paso decisivo de Lituania: su contundente argumentación para prohibir los vientres de alquiler

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(Ref religionenlibertad.com)

Lituania ha declarado el negocio de los vientres de alquiler contrario a la dignidad de las mujeres y de los niños y, según Claire de La Hougue, doctora en Derecho e investigadora del Centro Europeo por el Derecho y la Justicia (ECLJ, por sus siglas en inglés), ha llegado el momento de trabajar por una resolución a nivel internacional.

Autora de numerosos artículos jurídicos sobre bioética, Claire ha participado en la redacción del estudio que ha servido de base a la resolución del Parlamento lituano.

Claire de la Hougue junto a Grégor Puppinck, presidente del Centro Europeo por el Derecho y la Justicia, organización que desveló recientemente que el 22% de los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen o han tenido vínculos con ONG financiadas por Georges Soros.

Mientras algunos en Francia desearían aprovecharse de la revisión de las leyes bioéticas para que se acepte la maternidad subrogada, y mientras las distintas jurisdicciones francesas aceptan cada vez más fácilmente el hecho consumado cuando se lleva a cabo en el extranjero, Lituania se rebela contra esta práctica y la declara radicalmente contraria a la dignidad de las mujeres y los niños.

El Parlamento lituano, llamado Seimas, adoptó el 25 de junio pasado, por una aplastante mayoría de votos (54 contra 4, con 3 abstenciones), una Resolución condenando toda forma de maternidad subrogada. Redactada por diputados cristiano-demócratas, este texto ha recibido el apoyo de los miembros del resto de partidos, sobre todo los verdes y los socialdemócratas.

Contraria al derecho vigente

La resolución constata, ante todo, que esta práctica es contraria a numerosos tratados internacionales: los que prohíben la venta de niños, la trata y la esclavitud; los que garantizan los derechos de las mujeres, especialmente contra la explotación de sus órganos reproductores; los que protegen los derechos de los niños o regulan la filiación, la adopción o la biomedicina.

También recuerda diversas resoluciones del Parlamento europeo e informes internacionales que subrayan la violación de la dignidad de las mujeres y los niños implicados, que son tratados como mercancía, como también el alto riesgo que corren las personas implicadas de caer en la trata de personas.

El Parlamento lituano llama, por último, a la prohibición de la maternidad subrogada, apoyándose también en el Derecho lituano.

Diferencia radical con la adopción

El Parlamento insiste en la diferencia entre la adopción, cuyo fin es el interés del niño y remediar a una situación dolorosa existente, y la maternidad subrogada, que se centra en el deseo de los adultos «de tener» un niño concebido con este objetivo y que supone poner fin deliberadamente a una relación familiar.

También observa que la división de la maternidad en sus dimensiones genética, biológica y social, así como la multiplicación de personas que reivindican derechos sobre el niño, llevan al caos y la inseguridad jurídica.

Turismo reproductivo

El Seimas resalta, además, que todos los intentos realizados para controlar la maternidad subrogada no han hecho más que animar el turismo reproductivo y la explotación de las mujeres en los países pobres. Insiste sobre el hecho de que esta práctica -ya sea claramente comercial o supuestamente altruista- constituye una forma moderna de esclavitud y de trata de personas, y no debería ser justificada a nivel jurídico, como tampoco a nivel ético.

El Parlamento concluye que sólo la condena completa y definitiva de toda forma de maternidad subrogada permite eliminar esta práctica que viola los derechos y la dignidad del hombre. En consecuencia, hace un llamamiento al presidente de la República, al gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores para que condenen toda forma de maternidad subrogada.

Les pide, además, que tomen medidas eficaces a nivel europeo, Consejo de Europa y Unión europea, para que dicha práctica se prohíba como forma de trata de las mujeres y los niños, y para que los Estados sean libres de rechazar el reconocimiento de las filiaciones falaces establecidas en el extranjero sobre la base de la maternidad subrogada.

El Seimas pide, también, que se inflijan fuertes sanciones a todos los que tomen parte en los contratos internacionales de maternidad subrogada, incluidas las agencias y los intermediarios médicos y jurídicos.

Dos enmiendas

A nivel internacional, el Parlamento lituano ha presentado propuestas muy concretas.

Recomienda someter al secretario general de Naciones Unidas dos enmiendas a algunos tratados en vigor.

Según la primera, el protocolo facultativo concerniente a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil reconoce expresamente que la maternidad subrogada constituye un caso de venta de niños.

La segunda incorporaría a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación respecto a las mujeres la obligación de tomar todas las medidas necesarias a fin de prohibir dicha práctica.

Por último, los diputados piden al Consejo de Europa que abra una investigación sobre la violación, por parte de algunos Estados miembros, de los compromisos adquiridos de conformidad con la Convención europea acerca del estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio.

Para la redacción de dicha resolución, los diputados lituanos se han apoyado en un estudio realizado por el ECLJ titulado: Quelles voies de droit international pour interdire la maternité de substitution? [¿Qué caminos debe tomar el derecho internacional para prohibir la maternidad subrogada?], publicado inicialmente en Le mariage et la loi, protéger l’enfant [El matrimonio y la ley, protección del niño] publicado por el Institut Famille et République en 2016.

La hora de una acción internacional

Es la primera vez que un Parlamento nacional europeo toma conciencia de la gravedad de las violaciones, no sólo del derecho internacional, sino más aún de los derechos y la dignidad de las mujeres y los niños generados por la maternidad subrogada, por lo que propone medidas concretas para prohibir dicha práctica.

Contrariamente a la Conferencia de La Haya, que se esfuerza por hacer aceptar la maternidad subrogada regulándola, el Seimas ha comprendido que no hay diferencia de naturaleza según las modalidades consideradas y que la regulación agrava los problemas de los países pobres.

Parece que ha llegado el momento de poner en marcha una acción internacional a fin de prohibir el vientre de alquiler. Efectivamente, al cabo de varios años, diversos países proveedores de niños han tomados medidas severas para prohibir, o por lo menos limitar, esta práctica, y diferentes instancias internacionales han alertado sobre las violaciones de derechos que esta conlleva.

El relator especial de Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños, la señora de Boer-Buquicchio, dedicó su informe de 2018 a la venta de niños en el marco de la maternidad subrogada. El Parlamento europeo empezó a plantear el problema a partir de 2011, condenando esta práctica, que constituye una explotación del cuerpo femenino y sus órganos reproductores, en diversas ocasiones. Por su parte, la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, a pesar de los grupos de presión y tras largos debates, en 2016 rechazó un informe de proyecto y recomendación cuyo fin habría sido la admisión de la maternidad subrogada.

La preocupación de los diputados lituanos converge con la de sus homólogos de otros países europeos. Así, tras el escándalo de los bebés nacidos por maternidad subrogada bloqueados en Ucrania, el diputado sueco Alexander Christiansson sometió a finales de junio al Comité de Ministros del Consejo de Europa una pregunta escrita, antes citada, basada en la Convención europea sobre el estatuto jurídico de los niños nacidos fuera del matrimonio, convención que prevé que “la filiación maternal de cada niño nacido fuera del matrimonio se establece por el solo hecho de su nacimiento”, como sucede para los hijos de una mujer casada; ahora bien, Ucrania inscribe a la mujer “que encarga al niño” como madre en el certificado de nacimiento, violando así el derecho europeo.

Recientemente, el 1 de julio pasado, la misión de información sobre la adaptación de la política familiar francesa a los desafíos de la sociedad del siglo XXI presentó un informe (n. 3168) a la Asamblea nacional. Los diputados piden una acción internacional con el objetivo de que los países que autorizan la maternidad subrogada no concedan el beneficio de este modo de procreación a los ciudadanos de los países que la prohíben, tal como había propuesto Manuel Valls cuando era primer ministro, bajo la forma de una enmienda a una convención existente, en referencia a las propuestas del estudio del ECLJ. Los diputados subrayan la existencia de un cierto consenso a nivel europeo, dado que una gran parte de los Estados vecinos de Francia -Alemania, España e Italia- prohíben la maternidad subrogada.

En una época en la que, a pesar de la innegable toma de conciencia a nivel internacional, numerosos gobiernos siguen estando indecisos debido a las fuertes presiones sufridas y el carácter sumamente lucrativo de este mercado, la expresión de una voluntad política firme puede ser determinante para abolir la maternidad subrogada. Esperemos que el movimiento iniciado arrastre a otros países y lleve a la erradicación de esta práctica, equivalente a la esclavitud.

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