(Ref abc.es)
El letrado del Consejo de Estado, Alfredo Dagnino, se ha sumado a un nutrido grupo de médicos, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil que –aglutinados bajo la plataforma «Los 7.000»— han decidido alzar su voz para pedir al Congreso de los Diputados que detenga la tramitación de esta nueva norma, ya que consideran que sin los cuidados paliativos adecuados, la eutanasia aboca a los enfermos a elegir entre «vivir con dolor o morir a manos de un médico».
Para Dagnino la ley de eutanasia es «ilegítima e injusta», ya que el Estado «carece de legitimidad para determinar cuándo comienza o termina la vida». «Ese es el debate de fondo» para Dagnino, quien invita a preguntarse «si el legislador lo puede todo por muchas mayorías parlamentarias que tenga su iniciativa legislativa».
-¿Qué mensaje quieren transmitir los firmantes a través de este manifiesto?
-En primer lugar que el Estado carece de legitimidad para determinar cuándo comienza y termina la vida, ya que eso forma parte de la naturaleza y, por tanto, que una ley pueda determinar los modos de acortar la vida, a mi juicio, es una ley ilegítima e injusta. Supone una extralimitación en la funciones del Estado.
-¿Qué le parece que el Gobierno aliente la tramitación de una ley de eutanasia en plena pandemia por el Covid-19?
-Sorprende que en una coyuntura como en la que estamos, cuando ha habido tanto dolor, tantas vidas segadas por la pandemia y, entre ellos, muchos miles de personas mayores se promueva una ley de eutanasia. No deja de ser una paradoja.
-El manifiesto aboga por un plan de cuidados paliativos que llegue a toda la población, ¿que le parece usted la tramitación de una ley de eutanasia cuando España no cuenta con estos cuidados paliativos?
Ante de entrar en esta cuestión, niego la mayor. Creo que el Estado no puede por razones de justicia dar carta de naturaleza a la eutanasia. Lo que puede ser legítimo es que una persona que está en trance de fallecer no se le prolongue artificialmente su sufrimiento, pero una cosa es no prolongar artificialmente la vida y otra cosa es legitimar que se pueda segar la vida anticipadamente. Los que consideramos que la vida es un bien supremo creemos que la vida no se puede segar en la gestación ni en el final. Entrar en otro tipo de consideración no deja de ser desnaturalizar el debate. Al final de lo que se trata es de la legitimidad del Estado para decidir cuándo comienza y termina la vida y si el legislador realmente lo puede todo por muchas mayorías parlamentarias que pueda contar su iniciativa legislativa.
