El comité de Bioética de España propone que los sanitarios tengan acceso prioritario a las UCI y a la atención sanitaria

(Ref elmundo.es)

El órgano asesor del Gobierno en materia de Bioética entra en el debate público de la priorización de los pacientes cuando los recursos escasean con un informe que cuestiona lo apuntado por la sociedad de los médicos intensivistas (la Semicyc) en su guía de triaje y pide al Gobierno crear una comisión con representantes de sociedades médicas, colegios profesionales y comités de bioética para “trabajar en unos criterios únicos de priorización a nivel nacional”.

El documento admite que si bien en un contexto de recursos escasos se puede justificar la adopción de un criterio de asignación basado en la capacidad de recuperación del paciente, “se debe prevenir la extensión de una mentalidad utilitarista o, peor aún, de prejuicios contrarios hacia las personas mayores o con discapacidad“. Por ese motivo, el término “utilidad social”, que aparece en alguna de las recomendaciones publicadas, “nos parece extremadamente ambiguo y éticamente discutible, porque todo ser humano por el mero hecho de serlo es socialmente útil, en atención al propio valor ontológico de la dignidad”, dicen.

En este sentido, califican de “radicalmente injusto” que las personas cuya salud está más amenazada por un contagio de coronavirus fueran, a su vez, las más perjudicadas por esta crisis. De modo que “conceptos tales como utilidad social o similares no responden a los principios bioéticos que deben sostener la toma de decisiones en el ámbito asistencial”.

Recuerdan que la Organización Mundial de la Salud en 2016 publicó sus Recomendaciones para la gestión de cuestiones éticas en epidemias, donde señala que los principios éticos que deben guiar las decisiones de asignación de recursos en estas situaciones excepcionales son el de utilidad y equidad. Y explican que “si bien el principio de utilidad requiere la asignación de recursos para maximizar los beneficios y minimizar las cargas, el principio de equidad exige la distribución justa de los beneficios y las cargas. En algunos casos, una distribución equitativa de los beneficios y las cargas puede considerarse justa, pero en otros, puede ser más justo dar preferencia a los grupos que están en peor situación, como las personas de menos recursos, los enfermos o los vulnerables. No siempre es posible lograr plenamente tanto la utilidad como la equidad”.

Ante esa disyuntiva, el Comité se decanta por ponderar la equidad. Dice: “El criterio de la equidad tiene un significado específico en el contexto del acceso a la atención de la salud y, por ello, parece que es el que mejor se acomoda a un caso como el que nos ocupa. Priorizar a los colectivos más vulnerables se muestra prima facie como un criterio adecuado. Se ha concluido a este respecto que la justicia supone una distribución equitativa de los recursos disponibles”.

Sobre el concepto de utilidad social, los expertos insisten en que “si bien puede ser ético priorizar a las personas que son esenciales para manejar un brote, no es apropiado priorizar a las personas con base en consideraciones de valor social no relacionadas con la realización de servicios críticos necesarios para la sociedad”. Así, encuentran justificado dar preferencia al personal sanitario en el acceso a los recursos disponibles, con dos argumentos: “Porque la mejor manera de proteger la salud de todos y cada uno es proteger la salud de los profesionales y porque el principio de justicia exige priorizar a los que en el beneficio de terceros han expuesto más intensamente su salud”. Además, dejan abierta la puerta a incluir en ese tratamiento prioritario a “otros profesionales de particular importancia en el tratamiento de la pandemia”.

En relación a las personas con discapacidad, el Comité encuentra argumentos tanto en la Convención sobre Derechos de la Persona con Discapacidad de la ONU como en nuestro ordenamiento jurídico para afirmar que “la discapacidad de la persona enferma no puede ser nunca por sí misma un motivo que priorice la atención de quienes carecen de discapacidad”. Por este motivo, consideran que algunos de los conceptos que recoge la Semicyuc en su guía de triaje en las UCI “no son compatibles con la Convención de la ONU“. “Sobre todo, las que hacen referencia a cuestiones tales como supervivencia libre de discapacidad por encima de la supervivencia aislada o la que recomienda que: cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no serían subsidiarios de ventilación mecánica invasiva”.

Dejan claro que ni la edad ni el orden de llegada a solicitar asistencia pueden utilizarse como criterios de prioridad. Con una excepción, en el primer caso, la atención a los menores: “El principio del interés superior del menor exige dar prioridad a la asistencia a niños y adolescentes”. De modo que “el criterio de la edad solo puede ser empleado, pues, para priorizar, pero no para denegar o limitar la asistencia sanitaria y el recurso a determinadas medidas de soporte vital”.

LIMITAR UN DERECHO FUNDAMENTAL

Decidir quién es primero en recibir atención sanitaria en una situación como la actual es una cuestión muy seria, pues se trata “de limitar el derecho a la protección de la salud de algunos individuos por la escasez de recursos”. Por ese motivo, el Comité considera que la decisión corresponde “única y exclusivamente a la autoridad pública la única facultada constitucionalmente para limitar y suspender derechos”. En definitiva, subrayan los expertos “estamos haciendo referencia a limitar o suspender el derecho constitucional a la protección de la salud que consagra el artículo 43 de nuestra Carta Magna”.

Por ese motivo, el Comité recuerda que las sociedades científicas “son unos actores fundamentales para proveer a la autoridad pública de los conocimientos necesarios para establecer unos criterios nacionales de priorización, pero en modo alguno constituyen las entidades adecuadas para fijar dicha priorización”.

El grupo de expertos en Bioética propone que “sociedades científicas, colegios profesionales, comités de bioética nacional y autonómicos” se pongan “de manera urgente a disposición de la autoridad pública competente, el Gobierno y el propio Ministerio de Sanidad, para trabajar en unos criterios únicos de priorización a nivel nacional“. Porque consideran que en la actualidad se han dado muchos criterios de selección que son contraproducentes, pues “tan estresante puede resultar para el profesional sanitario no contar con ningún criterio generalizado y uniforme que le ayude a tomar decisiones, como verse constreñido a unos criterios generales que pueda considerar injustos o poco éticos en el caso concreto. Se trata, pues, de lograr un equilibrio entre una norma general y la decisión individual que debe adoptarse con cada paciente”.

Por último, los expertos recuerdan que en la demanda de atención sanitaria están todos los pacientes, no solo los enfermos por el virus Covid-19. “Las decisiones deben adoptarse desde la perspectiva del interés de todos los pacientes y no solo de aquellos con coronavirus”, y llaman la atención sobre el “enorme impacto negativo que está teniendo sobre algunas personas con discapacidad la suspensión de determinadas terapias que estas personas necesitan para avanzar en su calidad de vida y desarrollo personal, y cuya interrupción durante un período más o menos largo puede significar para ellas un retroceso grave”.

Con este informe, el Comité de Bioética de España responde a la petición que el Ministerio de Derecho Sociales y Agenda 2030 realizó a este órgano asesor del Gobierno, el pasado 23 de marzo. La cuestión planteada por el Ministerio fue acerca de las implicaciones éticas que para las personas con discapacidad pueden tener las recomendaciones publicadas por el Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), bajo el título de Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia covid-19 en las unidades de cuidados intensivos.

EL VIRUS EN EL CORAZÓN DEL COMITÉ

Al comienzo de su documento, el Comité explica que varios de sus miembros han superado el Covid-19 y que otros todavía están convalecientes. El foco del contagio de la enfermedad entre los expertos se produjo en la reunión mantenida el pasado 4 de marzo. En ese encuentro se aprobó un informe sobre la pandemia del coronavirus, pero no se hizo público. ¿El motivo? “Desestimamos esta posibilidad por dos razones. Primero, porque consideramos que el estado de la cuestión no planteaba aún problemas específicos de relevancia bioética. Y, en segundo lugar, porque entendíamos que en ese momento todo el protagonismo correspondía a la autoridad pública y, en concreto, al Gobierno, y que se debían evitar mensajes que, pudiendo ser bienintencionados, causaran más confusión que utilidad. La prudencia nos hizo optar por no pronunciarnos”.

Sin embargo, el tiempo apremia y durante estos días se han ido publicando recomendaciones de distintas sociedades médicas, comités de ética asistencial y de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Por ese motivo, el Comité insiste en su informe en la necesidad de unificar criterios coincidiendo con lo apuntado ya por la OMC.

NO HAY QUE OLVIDARLO: LOS PROFESIONALES SANITARIOS SON ESENCIALES

Porque esto pasará, pero no conviene olvidarlo, el Comité rompe una lanza a favor de los profesionales sanitarios a los que dedica unos de los 12 puntos de su informe. “Es importante recordar que siempre que se produce un acontecimiento con grave impacto en la salud es habitual que la ciudadanía ensalce la labor de los profesionales sanitarios y de apoyo, pero también es cierto que dicho esfuerzo suele caer poco tiempo después en el olvido, no adoptándose medidas económicas, materiales y personales para dotar de verdadera dignidad a unas profesiones que, como estamos comprobando una vez más, cumplen un papel tan esencial para el sostenimiento de la vida de las personas y las sociedades. Estamos convencidos de que, en esta ocasión, no será así y los profesionales sanitarios recibirán en su momento el reconocimiento que merecen”, concluyen.

Artículos relacionados