elmundo.es
13.06.2014
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes, en un Pleno monográfico que se ha prolongado durante dos horas, el informe moderadamente crítico con el anteproyecto de Ley del Aborto elaborado por la presidenta de la Audiencia de Valencia, Carmen Llombart, vocal designada a propuesta del PP.
La ponencia de Llombart ha recibido los votos favorables de nueve vocales del llamado sector conservador y el del presidente, Carlos Lesmes. Fernando Grande-Marlaska, propuesto también por el PP, no ha apoyado ese texto y ha decidido abstenerse. El sector progresista ha votado en bloque el durísimo informe de la vocal Pilar Sepúlveda, que pedía la retirada de la ley por imponer “un modelo moral” y ha obtenido ocho votos. Los consejeros Mercè Pigem (CiU) y Enrique Lucas (PNV) han apoyado su propia variación sobre este último, redactada en términos más conciliadores.
Los escritos que pedían la retirada del anteproyecto han sumado, por tanto, tantos votos como el que ha salido finalmente adelante. En realidad, incluso Grande-Marlaska había presentado alegaciones en las que consideraba que lo prudente sería “estar a lo que resuelva” el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente de resolver un recurso del PP.
Ley de 1985
Ha sido la reforma de la Ley del Poder Judicial de 2013, que permite que los informes emitidos en el ejercicio de la función consultiva puedan aprobarse por mayoría simple, la que ha evitado que el CGPJ repitiera el fracaso de 2011, cuando no fue capaz de llegar a ningún acuerdo -entonces eran necesarios 11 votos- respecto de la reforma del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
El anteproyecto del Ejecutivo del PP abandona el actual sistema de plazos y circunscribe la interrupción voluntaria del embarazo a dos únicas indicaciones: la existencia de grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer y cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad sexual.
El informe aprobado por el CGPJ por mayoría simple concluye que la constitucionalidad del sistema de indicaciones al que pretende regresar el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ya fue resuelta en 1985 y que al CGPJ no le compete “la valoración de la oportunidad del cambio legislativo”, sino que “debe adoptar una metodología estricta y rotundamente jurídica (…), evitando argumentos que sean expresión de las opiniones y convicciones propias de la ponente”.
Potenciar la natalidad
Principalmente, considera que los supuestos de malformaciones incompatibles con la vida deben ser recogidos como una indicación propia, y no vinculados al riesgo para la salud psíquica de la madre, que es lo que se contempla en el anteproyecto.
El texto reprocha a Gallardón que no haya incluido “una política de protección y cobertura social” para proteger la maternidad, “potenciar la natalidad” y “reducir los potenciales abortos”. Además, avala como “opción del legislador”. También concluye que es “desproporcionado” que los informes exigidos sean emitidos por médicos distintos de los que practiquen el aborto y que, además, no desempeñen su actividad profesional en el centro en el que se lleve a cabo.
En sus antípodas, la ponencia ‘progresista’ pedía la retirada del anteproyecto porque considera que pretende imponer “un modelo moral a costa de los derechos ajenos”, que “criminaliza” a la mujer y que “anula el control por las mujeres de su vida reproductiva, impidiendo las posibilidades de participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres”, entre otras reflexiones, que fundamenta en el derecho comparado y la doctrina de Estrasburgo.
Los vocales propuestos por el PP han conseguido finalmente sumar el voto de la consejera Nuría Díaz Abad, que coincide con el Comité de Bioética en que la despenalización del aborto en los supuestos de malformación es una “norma discriminatoria” y un “enfoque inadmisible de la discapacidad”.
