Casi la mitad de los ginecólogos que se oponen a reformar el aborto son objetores

diariodemallorca.es
15.02.2014
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Al menos 29 de los 72 tocólogos de la sanidad pública firmantes del manifiesto se han negado a practicar interrupciones voluntarias del embarazo
Casi la mitad de los ginecólogos del Servei de Salut que han firmado un duro manifiesto contra la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno central se habían declarado previamente objetores para practicar interrupciones voluntarias del embarazo con la legislación actual.

Así, al menos 29 de los 72 tocólogos del Servei de Salut firmantes del manifiesto contra la reforma de Gallardón presentado el pasado jueves se habría declarado objetor a practicar abortos en la sanidad pública.

Este dato figura en una respuesta de la conselleria de Salud ante una pregunta del diputado socialista Vicenç Thomás sobre el número de objetores en los servicios de ginecología de los hospitales públicos de las islas. En la citada respuesta se especifica que del total de los 106 tocólogos que trabajan en los siete hospitales con los que cuenta el Servei de Salut en esta comunidad, 63 se han declarado objetores a realizar estas interrupciones voluntarias del embarazo con la actual legislación y 43 de ellos no habrían manifestado ningún problema de conciencia para llevarlas a cabo.

Por lo tanto, habida cuenta que han sido setenta y dos los ginecólogos de la pública que han suscrito el manifiesto contrario a la reforma de la actual legislación, al menos veintinueve de ellos serían objetores partiendo de la base que todos los que no manifiestan problemas de conciencia (43) habrían suscrito el documento con su rúbrica. Aunque en realidad serían algunos más los profesionales objetores que habrían firmado el documento, ya que de los seis ginecólogos del Mateu Orfila de Menorca que no han puesto reparos a practicar abortos solo han firmado el documento dos de ellos.

Este hecho demuestra, a juicio del socialista Vicenç Thomàs, que incluso los profesionales que se han declarado objetores a realizar estas intervenciones con la actual legislación consideran una barbaridad la reforma que pretende llevar a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy y que, como se recordará, no considera un supuesto para interrumpir un embarazo las malformaciones congénitas del feto, aunque éstas sean incompatibles con la vida.

Además, Thomàs quiso resaltar que el porcentaje de ginecólogos de la pública que rechaza esta reforma (70%) coincide con la proporción de la población española que tampoco la ve con buenos ojos, como han reflejado varias encuestas publicadas por medios de comunicación nacionales.

Discriminación al ‘nasciturus’
De otro lado, el Instituto de Política Familiar de Balears(IPFB) denunció ayer el “desprecio” y la “discriminación” hacia el nasciturus (concebido no nacido) mostrados por los ginecólogos firmantes del manifiesto. También discrepan de que con la reforma de la ley se vaya a retroceder 40 años, recalcan que cuando algo se prohíbe disminuye su práctica y subrayan que en los países en los que está prohibido abortar la mortalidad femenina por causa del embarazo desciende.

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