Jaén, a 24 de febrero de 2014
Estimado/a Presidente/a:
La Declaración institucional de la Asamblea General de la OMC, del pasado 15 de febrero, relativa al Anteproyecto de Ley sobre Derechos del Concebido y la Mujer embarazada, nos ha causado una enorme perplejidad y pena.
Entendemos que supone un cambio sustancial en la línea que durante años ha venido manteniendo esa institución colegial y, más en particular, su Comisión Deontológica con relación a la postura de los médicos respecto al derecho a la vida del no nacido, a la libertad de conciencia de los profesionales y a su actitud ante el ser humano enfermo o en situación de fragilidad.
No es fácil comprender cómo se puede sostener, sin incurrir en una flagrante contradicción, el principio de respeto a la vida y a la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte (artículos 5,1 y 51.1 Código Deontológico), y aceptar una gradualidad en la identidad y dignidad del ser humano, según su estado de desarrollo; y aún menos, privarla de protección ante la posibilidad de que pueda padecer alguna discapacidad por causas genéticas o de otro tipo, cuestionando el deber de atender sin discriminación alguna a sus pacientes (artículo 5.1). Por su parte, la Convención de la ONU sobre derechos de los discapacitados, consagra el derecho a la vida “… de todos los seres humanos” e invita a todos los Estados a “a adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás” (artículo 10); por tanto, no parece que contemple excepciones a ese derecho en el caso de “malformaciones graves”. En ese sentido, nos parece muy oportuna la propuesta incluida en el n. 6 del documento de “promocionar y favorecer activamente políticas específicas y de apoyo económico a la maternidad”.
De otra parte, nos parece ambigua la afirmación de que el anteproyecto “considera de antemano a la mujer que aborta como una enferma mental”; entendemos más bien que ese diagnóstico se hace a posteriori del embarazo, en atención a que ese hecho le ocasione “un grave peligro para su salud psíquica”. Sobre ese punto, desde luego, es coherente que la OMC pida que lo certifiquen dos psiquiatras ajenos al centro donde se practique el aborto. Pero, en todo caso, no se puede olvidar que en España hasta el 2010, más del 90% de los abortos se practicaron bajo el paraguas de la “salud psíquica”: un auténtico “coladero”, cuya magnitud ha quedado de manifiesto a partir de la ley vigente, cuando la inmensa mayoría de las demandas de aborto, se han “desplazado” hacia el aborto a petición dentro de las 14 semanas.
De igual modo, nos parece muy grave esa visión trivial de la objeción de conciencia de los médicos, a pesar de la claridad con que se expresan las normas deontológicas sobre este derecho esencial, que garantiza la libertad e independencia del quehacer médico (artículo 32, 2 CEDM). No nos parece lícito que una institución a la que los médicos han confiado la defensa de sus derechos, condicione su ejercicio a un particular modo de entender, desde fuera, qué sea una intervención directa o indirecta en la práctica del aborto. Los médicos objetores no pretenden denegar la información o engañar al transmitirla al paciente, simplemente que no se les obligue a poner su firma en un documento como la derivación, necesario para que se pueda realizar el aborto.
Pensamos que, por muy loable que parezca, no es función del médico “conciliar sensibilidades diferentes”, asumiendo un papel que, en su caso, correspondería a la instituciones políticas. El deber del médico será más bien, tratar de vivir sus compromisos deontológicos, conforme a los principios éticos que atañen a su profesión: respetar la vida humana; curar o, al menos, aliviar la enfermedad; no dañar ni abandonar a sus enfermos, diagnosticar conforme a la evidencia, no discriminar a sus pacientes; contar con una adecuada preparación, etc.
Con el debido respeto y, desde luego, sin ánimo de prejuzgar intenciones, consideramos que la OMC, como representante de todos los médicos y garante de la deontología, debe obrar con enorme prudencia para no dar siquiera la impresión de que favorece determinados postulados ideológicos o políticos, por muy legítimos que parezcan. Cuando los médicos, a lo largo de la historia, han asumido o se han visto obligados a aceptar criterios ideológicos sobre temas científicos y profesionales, se han derivado consecuencias fatales no solo para ellos, sino también para la confianza que debe presidir las relaciones con sus pacientes.
Estas reflexiones están escritas desde el dolor y la preocupación que como representantes de una entidad que agrupa a cientos de profesionales sanitarios nos ha producido esta Declaración. No es nuestra intención dar lecciones de Derecho o de ética a nadie y menos a los legítimos representantes de los Colegios; sino sencillamente manifestar las razones por las que, como profesionales, no nos sentimos identificados con la línea adoptada por la OMC.
Un cordial saludo,
María Dolores Gómez Armenteros Dr. Enrique Caro Cruz.
Farmacéutica Comunitaria. Pediatra. Dr. en Medicina UGR
Presidenta de ANDOC Vocal de ANDOC
Puede consultarse el informe de ANDOC en el que se sustenta la carta en el siguiente enlace.
